Manifiesto

Las personas que firmamos este manifiesto tenemos opiniones diversas sobre muchos aspectos de la actualidad política.

Sin embargo, compartimos una profunda inquietud ante hechos que cercenan derechos y libertades fundamentales, una situación que se agudizó con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley mordaza’) y la reforma del Código Penal, y que se ha intensificado con registros, imputaciones, juicios y sentencias por opiniones y acciones. Las recientes propuestas de ampliar los supuestos de la cadena perpetua significarían una nueva medida de endurecimiento del Código Penal.

Nos inquieta que, cada vez más, personas de todo tipo (periodistas, humoristas, tuiteros, sindicalistas, artistas, maestras, informáticos, activistas, raperos, mecánicos, etc.) estén siendo investigadas o condenadas por acciones u opiniones que constituyen un libre ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación.

Vemos con preocupación la criminalización del activismo por los derechos humanos, como es el caso de la periodista Helena Maleno en su trabajo en la Frontera Sur, o otros casos ocurridos en Italia o Grecia, y todo ello en un contexto de políticas racistas con la población migrante y refugiada.

Consideramos totalmente injustificadas e innecesarias, situaciones de prisión preventiva como las sufridas por los jóvenes de Altsasu o por Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y la de los representantes de las instituciones catalanas.

En los últimos meses, entre otros casos, hemos visto con preocupación las sentencias de prisión para el rapero Valtonyc o el grupo de La Insurgencia, el secuestro del libro ‘Fariña’ o como ARCO retiraba una obra de arte por su contenido político. Este último ejemplo, por cierto, es un síntoma inquietante del clima de autocensura ‘preventiva’ que se puede generar si se continúa con esta dinámica general de represión.

Nos alarma la facilidad con la que se pretende forzar la realidad, tipificando muchas acciones como delito de odio, de sedición, de rebelión o de terrorismo entre otros. Así, se acusa a Maleno y activistas humanitarios de tráfico ilegal de personas cuando intentan evitar la pérdida de vidas humanas en el mar o, en el caso catalán, se habla de violencia cuando las manifestaciones fueron pacíficas.

Nos asusta que, además de la represión ejercida en cada caso, con todas estas situaciones se intente y consiga minar la capacidad de la ciudadanía para,  organizada colectivamente, transformar realidades sociales por medios pacíficos.

Consideramos que la libertad de opinión y expresión, la libertad de manifestación, el derecho a la protesta no-violenta, etc. son derechos humanos fundamentales que deben ser preservados para una buena salud democrática.

Por consiguiente, manifestamos nuestra preocupación por esta escalada en el uso de instrumentos judiciales que, en el marco de un sistema político democrático, persiguen silenciar la crítica y exigimos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la limitación del uso de la prisión provisional.

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Adhesiones